Él llegó a Algeciras en los bajos de un camión; ahora reside en la Ciudad de los Niños. Ella, abandonada al nacer, fue adoptada; ahora está en un piso tutelado. Los dos se han formado gracias a la Junta de Andalucía y ya van a trabajar.
Como Carmen y Mustafá, jóvenes que cumplen los 18 años y deben abandonar los centros de protección menores, existen 50 chavales en Granada. Son chicos y chicas que, a pesar de adquirir la mayoría de edad legal, necesitan aún apoyo y acompañamiento hasta completar sus posibilidades de vida autónoma. Su maduración y desarrollo; su orientación y la formación para el empleo; la consecución de recursos básicos, especialmente la vivienda; y su acceso al mercado laboral -a través de la Formación Ocupacional e Inserción- cuestan cada año 3,3 millones de euros -a nivel autonómico- a la Junta de Andalucía. Un dinero empleado para tratar de convertir en ciudadanos de pleno derecho a unos chavales cuya minoría de edad estuvo marcada por sucesos dramáticos.
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