El Tribunal Supremo (TS) ha ordenado que sea un juzgado de Madrid quien investigue las presuntas adopciones irregulares de niños rusos en Andalucía, ya que en la comunidad reside y tenía su centro de operaciones la ciudadana rusa acusada como presunta cabecilla de la red.
Fuentes judiciales explicaron que el Alto Tribunal ha resuelto que el caso sea investigado por el juzgado de instrucción 16 de Madrid, y no el de instrucción 14 de Sevilla, que abrió las diligencias hace tres años. El juez se inhibió a comienzos de este año a petición de la Fiscalía, quien se basaba en que la presunta cabecilla de la red, la ciudadana rusa Olga Z., reside en Madrid y allí tenía su centro de operaciones. Presuntamente la mujer contaba con la ayuda de su ex pareja F. A. J. R., acusado además de un presunto delito de blanqueo de dinero, de su actual compañero R. B. L. y de otro amigo, todos ellos españoles.
El juez sevillano mantenía imputadas en la causa a otras dos personas, un matrimonio cordobés que fue detenido en el aeropuerto de Barajas en octubre de 2008 cuando regresaba a España después de una fallida adopción gestionada por Olga Z.
El caso fue denunciado por la Junta de Andalucía, que suspendió temporalmente las adopciones «por libre» de niños en Rusia.
La ciudadana rusa, que ejercía la función de mediadora internacional, está acusada de falsificar el certificado de idoneidad que se exige en las adopciones, con lo que agilizaba los trámites y permitía una «adopción a la carta». Unas doscientas familias contrataron los servicios de la mediadora, que cobraba por caso unos 50.000 euros por sus servicios.
Fuente: Diario de Cadiz
