En el proceso de adopción vigente en nuestro país los jueces no tienen un límite de tiempo para decidir si un niño puede permanecer en su familia de origen o si, por el contrario, debe ser entregado en adopción. Esta situación quedó en evidencia cuando hace pocos días se conoció el caso de una bebé de Canelones que estuvo 16 meses a cargo de una cuidadora del INAU hasta que finalmente fue derivada a una familia. ¿Por qué existen estas demoras? ¿Qué se puede hacer para solucionarlas? Para responder a estas y otras preguntas, En Perspectiva entrevistó al doctor Ricardo Pérez Manrique, ministro del Tribunal de Apelaciones de Familia de segundo turno,
quien explicó que bajo la actual legislación, cuando «el juez debe adoptar medidas de protección», el Código de la Niñez y la Adolescencia «no tiene plazos previstos» para esa primera etapa. En este sentido, dijo que «los jueces de primera instancia siguen viéndose enfrentados a una serie de complejidades que hacen que en este momento el sistema tenga que ser ajustado», de modo tal que «esta primera [fase del proceso en la que el juez decide si debe haber adopción], que es tan importante y decisiva, tenga claramente definido un plazo en la ley». Y resumió: «A mi entender, esta ley requiere, esencialmente, ajustes en lo procesal y clarificar los objetivos de cada una de las etapas».
Publicado el 17/01/2012 en El Espectador
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