La representante Ángela Robledo hizo graves señalamientos a la política de adopciones en el país a cargo del ICBF quien ha delegado esas funciones en ocho casas de adopción privadas que “entregan” 1.800 niños en promedio cada año, contraviniendo la normatividad nacional y los acuerdos internacionales sobre el asunto.
Las irregularidades, según la legisladora, revelan una realidad incontrovertible de la política de adopciones y es que a las familias más pobres del país no se les permite conservar a sus hijos y a muchas familias colombianas, acceder de manera prioritaria a procesos de adopción, tal como lo establece la Ley 1098 de Infancia y Adolescencia y la Convención sobre Adopciones de La Haya de 1993.
Cifras del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) reportan que unos 40 mil niños ha sido dados en adopción (39.723 entre 1997 y 2011), casi el 60% (23.428) se va al exterior, y sólo 40% (16.540) se queda en hogares colombianos.
Colombia es uno de los siete países del mundo que más niños entrega en adopción internacional, junto con China, Rusia y Corea. Actualmente, es el primer emisor en América Latina, superado apenas por Haití en el 2010 a causa de su terremoto.
Mientras Guatemala revisó y ajustó su política de adopciones (2007), pasando de entregar 4 mil a 58 niños (2010); Colombia da en adopción 1.800 niños en promedio cada año. Un país como Brasil que es mucho más poblado sólo cuenta con unas 450 adopciones al año, entregando niños de difícil adopción (mayores de 7 años, grupo de hermanos y con algún grado de discapacidad) y Perú entregó 169 niños, México 119 y el Salvador menos de 100 en 2010.
Está documentado que la privatización de la política de adopciones delegada en (IAPAS) Instituciones Autorizadas que Desarrollan el Programa de Adopción (Casas de Adopción) prioriza la entrega de niños a familias extranjeras adineradas de quienes se reciben donaciones entre 20 y 50 millones de pesos y poco se explora la posibilidad de mantener esos niños en sus hogares de origen y en sus familias extensas a través de la profundización de políticas públicas de garantía de derechos para las familias. En ese sentido, la Convención de La Haya (artículos 11, 22, 32) señala que en una adopción internacional no puede haber fines de lucro y que los organismos acreditados para tramitar la adopción deben estar bajo el control del Estado.
Adicional al lucro, informes suministrados por la Corte Constitucional y el ICBF, muestran que no se busca a las familias extensas para que los niños puedan permanecer con sus parientes, contraviniendo las obligaciones que tiene el Estado frente a esta problemática y que también están consignadas en La Haya.
Llama la atención que mientras las casas de adopción cuentan con todas las garantías: reciben los niños en protección, tramitan las solicitudes, reciben y manejan las donaciones con total “autonomía” (se desconocen sus ingresos), tienen soporte del recurso humano del ICBF a través de Defensorías de Familia y manejan recursos públicos, las familias en mayor situación de pobreza son víctimas de la desidia estatal y pierden a sus hijos en trámites amañados que violan principios éticos, derechos fundamentales y el cacareado interés superior de la niñez. Muchos informes de prensa y casos conocidos documentan diversas presiones sobre las familias y padres biológicos, se sabe que a los padres les dan información fragmentada y documentos falsos entre muchas otras irregularidades para presionar la entrega de sus hijos.
El Estado colombiano tiene la responsabilidad de diseñar y poner en práctica medidas eficaces y transparentes para prevenir beneficios materiales o compensaciones en relación con los procesos de adopción y reglamentar y vigilar la responsabilidad que ha delegado en las casas de adopción.
Como se ha demostrado en muchos países, la mejor política para evitar el abandono y las adopciones es una política fuerte de apoyo y trabajo con las familias. “Considero que estamos haciendo la tarea fácil: entregar a los niños en adopción. Al contrario no hemos asumido la mayor responsabilidad que tiene el Estado de contar con un Sistema de Protección Integral de la niñez y las familias, eficaz”, concluyó Ángela Robledo.
Tal como lo ha expresado Emilio García Méndez, “la vida de los niños más pobres terminará resolviéndose en términos jurídicos, y en muchos casos criminalizándose, y acentuando la concepción de la infancia como una etapa de protección, vigilancia y castigo”.
Estas y otras irregularidades fueron documentadas por la representante Ángela Robledo en debate de control político realizado al Director del ICBF, Diego Molano, en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes.
Fuente: El Espectador
