Las relaciones entre Washington y Moscú se han enturbiado en las últimas semanas debido a dos leyes aprobadas recientemente en ambas capitales. Se trata, por un parte, de la ley Magnitski, que contempla una lista negra de funcionarios rusos relacionados con la violación de derechos humanos, a quienes se les sancionará con denegación de visados y congelación de activos en Estados Unidos, si los tuviesen. Por otra parte, está la ley rusa de respuesta, que, además de introducir sanciones similares contra funcionarios norteamericanos, prohíbe a los ciudadanos estadounidenses adoptar menores en Rusia.
La ley Magnistki, que lleva el nombre del abogado del fondo de inversiones Hermitage Capital Management muerto en prisión preventiva después de denunciar la corrupción policial, fue adoptada en reemplazo de la enmienda Jackson-Vanik, aprobada en 1974, que siguió limitando el comercio con Rusia después de la desaparición de la Unión Soviética y del fin oficial de la Guerra Fría.
Después de que Estados Unidos aprobara esta ley, Rusia tenía dos posibilidades. Una era minimizar el problema, adoptar un ley con sanciones similares y concentrarse en el lado positivo del asunto, es decir, en que por fin, a 23 años de la caída del régimen comunista, el comercio se normalizaba entre ambos países. La otra, ir a la confrontación, aprobar una ley polémica y que doliera a Washington. Moscú optó por esto último, aunque, como se vio, también causó gran dolor en Rusia misma. La pregunta es ¿por qué?
El presidente Vladímir Putin explicó claramente las razones de su decisión: en reemplazo de una ley antisoviética Estados Unidos adoptó una antirrusa y humilló al país, sostuvo. La normalización del comercio es algo secundario, hecho porque económicamente les convenía, opinó Putin, que dejó en claro que no podía dejar sin respuesta la humillación infligida a Rusia.
La ley antiadopción causó el efecto de una bomba en Rusia y desató las apasionadas protestas de los defensores de derechos humanos y airadas reacciones de gran parte de la sociedad rusa. El Consejo ad hoc adjunto al presidente aprobó una dura declaración en contra del documento y recomendó a Putin que no lo firmara; artistas, intelectuales y otras personalidades –pero pocos políticos y contados funcionarios- hicieron público su rechazo.
Al mismo tiempo, quedó en claro que, además de opositores, había muchos entusiastas partidarios de esa ley, que sus impulsores llaman Ley Dima Yákovlev, en recuerdo del niño ruso de dos años adoptado por estadounidenses que falleció trágicamente en Virginia después de que, olvidado, lo dejaron encerrado en un auto. El coche, que estaba a pleno sol, se convirtió en un auténtico horno, lo que causó la muerte del chico.
Y no se trata de que quieran prohibir precisamente a los estadounidenses que adopten menores en Rusia y permitírselo a ciudadanos de otros países. No, lo que quieren es que ningún extranjero pueda adoptar niños en Rusia. Según cifras dadas por Putin, más del 50% de los rusos comparte esta opinión, y la ley antiadopción fue aprobada por la aplastante mayoría de los diputados (todos los grupos parlamentarios se manifestaron a favor y hubo solo 7 rebeldes que votaron en contra, mientras que uno se abstuvo) y unánimemente por los senadores.
Los comunistas han sido, desde un comienzo, contrarios a que los extranjeros puedan adoptar niños. Los nacionalistas también y entre los partidarios del Kremlin son muchos los que consideran que los huérfanos deben permanecer en Rusia. Opinan que es humillante que una potencia entregue –para algunos, que venda– sus niños al extranjero.
Varios políticos han denunciado que la adopción de menores se ha convertido en un auténtico negocio, que los chicos son prácticamente comprados por occidentales y piden que se prohíba a todo extranjero que adopte niños en Rusia. Uno de los más activos impulsores de este punto de vista es el abogado Pável Astájov, que ocupa nada menos que el cargo de Defensor del Menor.
Mientras tanto, los defensores de derechos humanos claman al cielo y los más radicales, horrorizados por el hecho de que se ha convertido a los niños en rehenes de la política, piden al Departamento de Estado que incluya en la lista negra de la Ley Magnitski a los parlamentarios que votaron a favor de la ley antiadopción.
El documento, promulgado el viernes por Putin, entra en vigor a partir del 1 de enero próximo, junto con un decreto, firmado por el presidente el mismo día, que contempla una serie de medidas para la «defensa de los niños huérfanos» e incentivos materiales para las familias rusas que adopten a menores. Puede que estas medidas no sean un punto final y que en un futuro próximo Rusia termine prohibiendo que sus niños sean adoptados por cualquier extranjero, sin excepción.
Fuente: internacional.elpais.com
