Cataluña: multas para las adopciones ilegales y más formación para las familias adoptivas

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La Conselleria de Bienestar Social y Familia de la Generalitat trabaja en el desarrollo del reglamento asociado a la ley 14/2010 de derechos y oportunidades de infancia y la adolescencia, que cristalizarán en tres decretos y una orden que espera que estén aprobados en otoño, y que prevé sanciones de hasta 600.000 euros para las adopciones ilegales de menores.

La consellera, Neus Munté, ha explicado este martes en la Comisión de Infancia del Parlament que uno de estos decretos será el que desarrolle el proceso sancionador asociado al incumplimiento de la legislación, y que divide las infracciones entre leves, graves –multas de 3.001 a 90.000 euros– y muy graves –de 91.000 a 600.000 euros–.

Entre las infracciones graves se contempla la difusión de datos personales de menores en un medio de comunicación, y entre las muy graves “que una entidad colaboradora de adopción internacional promueva la adopción de un menor teniendo conocimiento de que no es adoptable”, ha ejemplificado la Conselleria.

Munté ha especificado que los otros dos decretos desarrollan la participación de los menores –uno sobre el funcionamiento del Consell Nacional dels Infants i Adolescents y el otro sobre las mesas territoriales de infancia–, y la orden se centrará en la prevención del maltrato infantil, así como en recomendaciones para valorar las situaciones de desprotección.

La consellera, que ha comparecido a petición propia, ha recordado que el riesgo de pobreza alcanza al 26,4% de los menores catalanes, según datos de 2011, nueve puntos menos que entre los adultos, y ha reiterado que su departamento prevé alcanzar un pacto por la infancia antes del verano.

A pesar del incremento registrado de la pobreza en los últimos años, no obstante, no se ha producido un aumento del número de menores tutelados –Catalunya mantiene 17.600 expedientes abiertos y unos 7.100 menores con alguna medida protectora–, ha indicado Munté, quien ha reiterado que la inversión en políticas de infancia y adolescencia tiene para el Govern una “importancia estratégica”.

La directora de la Instituto Catalán de Acogida y Adopción (Icaa), Núria Canal, que ha recordado por su parte que en Catalunya hay unos 15.000 niños adoptados, ha precisado que también está previsto mejorar la preparación de las familias que se embarcan en un proceso adoptivo.

Entre los grupos parlamentarios, la diputada Agnès Russiñol (ERC) ha indicado que una de las reformas para mejorar la participación de los menores sería permitir el voto a los mayores de 16 años; Núria Ventura (PSC) ha reclamado medidas “más contundentes” contra la pobreza infantil y que se acabe con los recortes en esta materia, y Fernando Sánchez (PP) ha incidido en la importancia de la educación y en la necesidad de adoptar medidas concretas.

La diputada Laura Massana (ICV-EUiA) ha lamentado la inexistencia de un presupuesto y ha avanzado que es muy difícil alcanzar un pacto en materia de infancia mientras se siguen recortando becas comedor; mientras que Inés Arrimadas (C’s), que ha coincidido en criticar la inexistencia del presupuesto, ha reclamado una actuación más ágil por parte de la administración, ya que todavía está pendiente el despliegue de una ley aprobada en 2010.

Fuente: Europa Press

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