Colombia: Casas de adopción y el ICBF se defienden de acusaciones sobre irregularidades en los procesos de entrega de niños colombianos a padres extranjeros.
“Odio al Bienestar Familiar por negarme una segunda oportunidad para demostrar que sí podía criar a mi hijo”. Ante las cámaras del programa Séptimo Día del Canal Caracol, Mauricio Latorre aseguró que en 2008 el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) le entregó en adopción a una pareja holandesa a su pequeño Steven, de cuatro años, sin que él o Luz Mary Hurtado, madre biológica del niño, lo hubieran autorizado.
Pero antes de responsabilizar al ICBF de la separación de su familia, Mauricio aceptó que Steven nació en condiciones muy difíciles para crecer sanamente: la pareja vivía en uno de los barrios más peligrosos de Cali, él estaba sumido en el consumo de bazuco, y mientras Luz Mary trabajaba como empleada doméstica el bebé estaba bajo el ‘cuidado’ de una abuela alcohólica que decidió entregarlo al ICBF después de que la mamá se fuera de fiesta y no volviera por dos días.
El padre asegura que hizo todo por recuperarlo: cumplió con las primeras visitas, se mudó a un pueblo tranquilo junto con Luz Mary, dejó las drogas, consiguió un trabajo, y mientras hacía todo eso se ausentó del hogar sustituto que cuidaba de Steven “por unos mesesitos”. A su regreso encontró que el ICBF había declarado en abandono al niño, que como padres habían perdido la patria potestad y que una pareja holandesa quería adoptarlo. En marzo de 2008 Bryan recibió el apellido Terpstra y viajó a Holanda.
La pareja colombiana sintió que sus derechos fueron vulnerados, aseguró que el ICBF no sumó esfuerzos para que el niño se quedara con ellos y que por el contrario favoreció a la familia extranjera.
“En los casos expuestos es evidente que hay padres biológicos que no son criminales, a los que el ICBF les cerró las puertas y entregó sus hijos en adopción sin su firma, como lo exige el tratado de La Haya. Esto es una arbitrariedad, una violación al debido proceso. Y es que detrás hay intereses muy grandes: están las casas de adopción que viven de esto”, le dijo a El Espectador Manuel Teodoro, director y presentador de Séptimo Día que durante las cinco entregas del especial ‘Niños made in Colombia’, denunció irregularidades en los procesos de adopción.
Las reacciones no se hicieron esperar. En el país existen ocho instituciones avaladas por el ICBF para servir de intermediarias en la adopción de menores: Pisingos, Ayúdame, Fana, Casa de la Madre y el Niño y Cran, en Bogotá; Casa de María y el Niño y La casita de Nicolás, en Medellín, y Chiquitines en Cali. En su representación Susana Vargas, de la Casa de la Madre y el Niño, le aseguró a este diario que los procesos de adopción se adelantan de manera rigurosa, defendiendo el respeto por los derechos de los niños: “No vengan a decirnos que buscamos enriquecernos con ellos. Llevamos años viviendo sus historias de maltrato, abuso y abandono por parte de adultos irresponsables y a veces repudiables. Buscarle un hogar a niños que vienen de vivir en una bolsa de basura en la calle, de ser abusados sexual o físicamente por los adultos no es un negocio, es vocación”.
Por otro lado, la directora de adopciones del ICBF, Ilbia Ruth Cárdenas, aseguró que las adopciones pueden realizarse directamente con el instituto, sin ningún costo, o a través de casas intermediarias que se encargan de todos los trámites.
Según las tarifas de las instituciones que se encuentran en la página web del instituto, un extranjero paga, en promedio, $7 millones.
Cárdenas y Vargas coinciden en decir que después de que un niño llega al ICBF o a una casa de adopción —ya sea porque sus papás lo entregan voluntariamente o porque el instituto se hace cargo al identificar la vulnerabilidad del menor—, si los papás desean que el niño se críe junto a ellos deben participar del programa de restitución de derechos del menor y no abandonarlo. “Ningún niño al que sus padres quieran y acompañen en su proceso de restitución de derechos terminará en brazos de otra familia. Lo ideal es que se quede con sus padres biológicos. Pero algunos piensan que el ICBF es un internado y que pueden dejarlos y recogerlos en uno o dos años. Al no saberse si regresarán, se debe continuar con los procesos. Los pequeños tienen derecho a crecer en una familia”, dice Cárdenas.
Según la Ley de Infancia y Adolescencia, si los padres dejan de visitar a sus hijos en un lapso de cuatro meses —después de iniciado el proceso de restitución de derechos— un defensor de familia puede declarar al niño como adoptable, plazo que se puede extender hasta seis meses o un año, mientras el Instituto busca la manera de que la familia extendida (otros parientes, como tíos, abuelos, etc.) se haga cargo del menor. Durante ese tiempo, dice Cárdenas, el ICBF notifica con cartas, visitas y a través de medios masivos a padres y familiares de la situación del menor, “todos los niños aparecen en Los niños buscan su hogar”.
Sin embargo, la procuradora delegada Ilva M. Hoyos aseguró en Séptimo Día que en algunos casos estos plazos no se están respetando y que el ICBF no está acudiendo a la familia extendida.
La Ley de Infancia exige desde 2006 que se haga lo posible para que los niños adoptables se queden en Colombia pero la representante a la Cámara Ángela Robledo sostiene que, “históricamente, el Estado ha favorecido a las familias extranjeras sobre las nacionales”. Sin embargo, el ICBF tiene otra perspectiva. “Mientras Los extranjeros no ven problema en adoptar niños mayores de 8 años, con discapacidades físicas o mentales o con hermanos; los colombianos los quieren blancos, monos y recién nacidos”, dice Cárdenas, tras explicar que en el país existen 11.641 niños y adolescentes de difícil adoptabilidad y que mientras en los últimos 6 años el 2,5% de las familias colombianas que han adoptado han recibido niños y adolescentes de este tipo, el 26,7% de los padres extranjeros los han elegido así.
Hace unos días la Procuraduría visitó las casas de adopción y algunos hogares sustitutos, para evaluar sus procedimientos, y aunque no ha informado sus hallazgos, lo cierto es que si el ICBF o la misma legislación deben someterse a alguna clase de reestructuración los esfuerzos no deben ir por otro camino que darles a los niños la posibilidad de crecer en una familia, sea biológica o extranjera.
Por: Angélica María Cuevas G.
Fuente: elespectador.com
