El Cabildo pagará hasta 3.500 euros por menores acogidos en sus centros

canarias

El concurso convocado por el Instituto de Atención Social y Sociosanitaria (IASS) para la gestión del servicio de acogimiento de menores en desamparo establece que el organismo autónomo del Cabildo pagará 87 euros al día por cada plaza, cantidad que se incrementa a 117 euros en el caso de los adolescentes. Consecuentemente, la Corporación insular abonará mensualmente 2.610 euros y 3.500 euros por cada una de las 132 plazas que saca a concurso.

El Comité de Empresa Único del IASS considera que esto supone una «subasta» y «derivar menores en situación de desamparo a las empresas que quieran dedicarse a hacer negocio con este colectivo».

El Cabildo dispone del Hogar Sagrada Familia y del Centro Maternal «con plazas libres y personal muy cualificado que ya está pagando», pero la administración insular «deja en manos privadas la atención residencial de este colectivo, que necesita especial atención, mientras dedica los centros propios, con plazas y personal propio, para otros proyectos». Y todo eso «pagando un precio millonario».

El Comité de Empresa único «rechaza esta forma de actuar» porque «pretende privatizar la atención social a los menores favoreciendo a determinadas entidades, a veces de dudosa reputación».

El presidente del Comité, José Luis Gutiérrez, consideró que «no parece razonable, cuando se pide austeridad a los trabajadores del IASS, que se destine tanto dinero a empresas que pueden utilizar a los menores para hacer negocio cuando el IASS dispone de personal propio para hacer dicho trabajo».

Por ello, pide al consejero Aurelio Abreu «que aparezca y dé una explicación».

Todo está estudiado

El Consejo Rector del IASS estableció estas condiciones, incrementando el coste por plaza, porque «garantiza la prestación de servicio con base en una cartera definida y en ratios de profesionales tipificados lesgislativamente». Asimismo, se adapta la estructura organizativa a las necesidades de los beneficiarios y no a la inversa. Eso sí, la profesionalización del sector conlleva el riesgo de «perder personal especializado con experiencia» en aplicación de la normativa, porque es la que «garantiza las condiciones de calidad».

Fuente: eldia.es

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