«Tengo seis hijos y la que me quitaron». Esa es la respuesta que da Felisa Mora Portalo cuando le preguntan por su familia. Nacida en Higuera de la Serena hace 70 años, esta luchadora tuvo que emigrar al País Vasco para poder sobrevivir en unos tiempos difíciles. Se marchó recién casada y poco después quedó embarazada de su primera hija, que nació ochomesina en la antigua Maternidad de Vergara. «Di a luz a la niña a la 1 de la mañana y estuvo conmigo toda la tarde y toda la noche. Pero a las 8 de la mañana del otro día me dijeron que se la llevaban al Hospital Nuestra Señora de Aránzazu de San Sebastián para meterla en una incubadora».
Cuando Felisa recuerda lo sucedido no puede evitar que se le salten las lágrimas. «Vino un taxi y se subió mi marido con la niña. Sólo iban ellos y el taxista. Llegaron al hospital de San Sebastián y a mi marido le dijeron que esperase. Al momento salieron y le dijeron: la niña está muerta, se puede usted ir. Él contestó que cómo se iba a ir, que tenía que ver a la niña. Incluso pidió que se la entregaran para enterrarla, porque tenía su seguro, pero no le hicieron caso. Ahora me pregunto por qué no removimos entonces para recuperar a nuestra hija».
El relato de Felisa Mora, que ahora reside en Mérida, parece calcado al de otras muchas mujeres, algunas de ellas pacenses, que han denunciado el supuesto robo de sus bebés ante los juzgados de toda España. En la provincia de Badajoz no son muchos los casos judicializados, pero la Asociación Nacional de Afectados por Adopciones Irregulares (Anadir) tiene contabilizados 37 posibles robos en Extremadura: 29 en la provincia de Badajoz y 8 en la de Cáceres.
El presidente nacional de este colectivo, Antonio Barroso Berrocal, es consciente de que muchos de los perjudicados no han recurrido a la justicia «porque se trata de bebés robados que tienen a sus padres adoptivos y les sabe mal denunciar mientras no fallezcan».
Radicalmente distinta es la actitud de las madres que perdieron a sus hijos. En el caso de Felisa, ha contado con el apoyo de sus hijas y una de ellas es la representante de Anadir en Extremadura. «Cuando hemos empezado a mover papeles nos hemos dado cuenta de que nuestra hermana no está enterrada en ninguna parte. En el hospital no saben nada, no hay datos suyos en el Registro Civil y tampoco está en el cementerio. Tan sólo he conseguido un papel en Vergara donde se dice que la niña había nacido», asevera Felisa Sierra Mora.
Este caso será investigado por la justicia del País Vasco, puesto que los hechos ocurrieron allí, pero la Fiscalía de Badajoz tiene abiertas varias investigaciones por posibles adopciones irregulares ocurridas en territorio pacense. En total, ha recibido siete denuncias y en todos los casos se abrieron diligencias de investigación. La primera llegó en enero de 2011.
Lo primero que hace la Fiscalía en estos casos es practicar pruebas testificales. Interroga a los afectados y a todas las personas que pudieran aportar alguna información relevante. Al tiempo, busca pruebas documentales, analiza los documentos aportados por las familias y pide en los hospitales, los registros y los cementerios todo lo que falta.
Cuando los datos obtenidos arrojan la sospecha de que existe un posible delito, la Fiscalía ordena la realización de una prueba biológica para comparar los restos del bebé fallecido con el ADN de sus padres. «El problema es que en las décadas de 1950 y 1960 la forma de documentar no era tan precisa como ahora», se explica.
Hasta el momento, la Fiscalía provincial ha archivado tres de las denuncias: en dos casos, porque no existió la posibilidad de desenterrar los restos del bebé fallecido para cotejarlos con el ADN de sus familiares; en el tercero, porque sí pudo ser exhumado el cadáver y las pruebas de ADN acreditaron que se correspondía al de la hija de la denunciante. Las otras cuatro denuncias siguen su curso en estos momentos. Una está en el juzgado de Zafra y hay otras dos en los juzgados de Badajoz. La última está pendiente de que el Instituto de Toxicología, con sede en Madrid, remita los resultados de los análisis de ADN realizados a los restos desenterrados.
Investigación difícil
Las dos denuncias que han sido archivadas sin que se realizasen los análisis de ADN son las más antiguas. Una corresponde a un bebé fallecido en septiembre de 1956 y la otra está fechada en noviembre de 1960. «Al considerarse muchos de ellos criaturas abortivas, eran enterrados sin identificar. Había un registro donde se decía que se enterraba un feto de un número determinado de meses, pero no se identificaban los restos, por lo que es imposible recuperarlos ahora».
No ocurre lo mismo con las más recientes. Dos de las denuncias que han llegado a la Fiscalía de Badajoz hablan de bebés fallecidos en 1972 y 1982, y en ambos se ha podido proceder a la exhumación. En este caso, los bebés fueron colocados en cajas que se enterraron en tumbas independientes abiertas en el suelo, por lo que contaban con su correspondiente número de localización.
La Fiscalía de Badajoz ha confirmado que tres restos de bebés han sido desenterrados en la provincia de Badajoz y que dos pruebas han dado positivo. Eso significa que los restos se corresponden con los de sus familiares, con lo que se despeja la duda que existía. Del tercer caso, aún está pendiente que lleguen los resultados del Instituto Nacional de Toxicología. Una de las denuncias archivadas tras la realización de esta prueba afecta a un matrimonio de Salvatierra de los Barros que busca a su hija fallecida el 14 de mayo de 1990 en el hospital Materno Infantil de Badajoz. Los padres creen que la muerte se produjo en circunstancias extrañas y exhumaron los restos contratando los servicios de un laboratorio privado.
Según cuenta Antonio Monge, un tío de la bebé fallecida, el análisis determinó que el ADN extraído a los restos no se correspondía con el de sus padres. «Un viernes por la tarde me comunicaron que no eran de mi sobrina, pero luego hicieron otra prueba y dijeron que no habían llegado a ninguna conclusión porque estaban en mal estado».
El Instituto de Toxicología hizo el estudio biológico y determinó que los restos sí se correspondían con los de la niña buscada. En el informe se indicaba que el análisis del laboratorio privado no se había hecho de forma adecuada.
Judicialmente, el caso quedó cerrado, pero esta familia de Salvatierra de los Barros insiste en que «el proceso tuvo cosas muy extrañas», razón por la que se confiesan «desencantados con el sistema».
La notoriedad que alcanzó esa exhumación hizo que varias familias se pusieran en contacto con Antonio Monge, quien asegura que no hay más denuncias porque muchos afectados son reacios a recurrir a los juzgados. «En Villalba de los Barros hay una familia en la que fueron dos bebés. Recuerdo un parto en Zafra y otro en Badajoz, y en los dos les desaparecieron los niños sin que haya nada de ninguno. También ha ocurrido en Barcarrota y hay otra mujer en Valdebótoa o por ahí, pero la gente pienso yo que tiene miedo a denunciar».
A las siete diligencias abiertas por la Fiscalía de Badajoz hay que sumar otras cuatro denuncias que han entrado en los juzgados de la provincia. De ellas, dos han sido archivadas y las otras dos están en trámites, aunque una de ellas está a punto de archivarse.
La Fiscalía de Badajoz asegura que lo ocurrido en la provincia de Badajoz dista mucho de lo vivido en otras zonas de España, donde se habla de cientos e incluso miles de casos. «Aquí se han denunciado más casos de partos dobles en los que fallece un niño, sobre todo los de los años 60. O bien eran mujeres que ya tenían varios hijos y perdieron uno. La idea que ellas tienen es que eso les perjudicó».
Hasta el momento, la Fiscalía de Badajoz no ha detectado la existencia de ninguna red dedicada a las adopciones irregulares en la provincia pacense. «Los casos que hemos archivado es porque creemos que no ha pasado nada. No digo que no haya alguno, porque en España los ha habido, pero aquí no se han encontrado».
En uno de ellos, la Fiscalía trató de hablar con una religiosa que había trabajado en una maternidad provincial para preguntarle por un caso, pero la congregación a la que pertenece respondió que la monja ya era anciana y no estaba en condiciones de declarar. Finalmente se desistió por no ser un testimonio fundamental en la investigación.
«La muerte de un recién nacido siempre está ahí, es muy traumática, no llega a olvidarse. Y las informaciones que han salido en los medios de comunicación han hecho que muchas personas recuerden, que las pequeñas o grandes dudas que tenían desde el principio les hayan hecho pensar que también pudieran ser víctima de estas actuaciones», confiesa un fiscal que ha estudiado algunos de los casos.
Desencantado
El presidente y fundador de Anadir, Antonio Barroso, lamenta la falta de interés mostrada por las instituciones y denuncia que la Asamblea de Extremadura les ofreció una oficina y la contratación de una persona para poder abrir una sede en la que pudiera informase a los posibles afectados. «Lo aprobaron los tres grupos políticos, pero al final no han cumplido. Estamos muy desengañados». Tirar del hilo es difícil, pero las familias afectadas no pierden la esperanza. «Nosotros tenemos puestas en internet las fotos de mis seis hijos, por si se parecen a la niña que me robaron», afirma Felisa Mora.
Fuente: http://www.hoy.es
