El Gobierno prevé autorizar este viernes en el Consejo de Ministros la firma del convenio en materia de adopción internacional entre España y Rusia, pendiente desde 2009. El pasado agosto, el Tribunal Supremo ruso emitió una instrucción que instaba a paralizar los juicios con los países que permiten el matrimonio gay hasta que existiera un acuerdo bilateral que garantizara que los niños no serían criados por homosexuales, ni siquiera en los casos de desamparo. Unas 500 familias españolas se vieron atrapadas por esta decisión y, desde entonces, las negociaciones entre Madrid y Moscú se han intensificado. Fuentes gubernamentales apuntan que su objetivo es que la firma se produzca en enero y que, después de su paso por vía de urgencia por el Consejo de Estado y por las Cortes Generales, el texto se ratifique y entre en vigor, como pronto, en abril. Ese sería el proceso en España, pero el documento también tiene que someterse a los trámites internos en Rusia. La autorización de la firma es, pues, el primer paso para desbloquear los expedientes de medio millar de parejas.
Las familias claman por que las autoridades de ambos países aceleren al máximo el procedimiento. En este tiempo han recogido firmas, organizado concentraciones, se han reunido con representantes del Gobierno español y de los distintos grupos parlamentarios. «Pedimos que se avance. La firma es importante, pero es solo un primer paso. A partir de ahí hay que seguir adelante con la mayor celeridad. Este acuerdo va a servir para minimizar los daños porque ya hay pérdidas», cuenta Albert Monrabá. Este informático catalán de 47 años estuvo a punto de adoptar a quien ya siente su hija, de cuatro años, el pasado agosto. Él y su mujer han viajado a Chitá (una ciudad siberiana) en dos ocasiones, conocen a la cría y han aprendido ruso para poder comunicarse con ella. Un fallo en la documentación presentada obligó a retrasar su juicio el pasado verano. Entonces creyeron que no era más que un trámite. Poco después, el Supremo emitió su instrucción y, desde entonces, esperan angustiados con el temor de que su niña sea reclamada por una familia rusa. «Estas Navidades tenemos poco que celebrar. Los pequeños permanecen en la base de datos del país de origen. Eso quiere decir que, si una pareja de allí se interesa por ellos, podemos perder la asignación. Solo les ha pasado a seis parejas españolas, pero quién sabe… también nos puede ocurrir a nosotros», relata.
De ahí la urgencia del medio millar de familias afectadas. De ellas, unas 160 ya tienen a su futuro hijo asignado. Pero, para que un juez autorice la adopción, es preciso vencer antes la burocracia. «Por lo que nos cuentan en Rusia, allí hay voluntad de ratificar el texto rápidamente después de la firma del convenio. Y lo pueden hacer en cuestión de semanas. En otras ocasiones, como cuando se prohibió la adopción por homosexuales y familias monoporentales, por ejemplo, ha sido así. Pero para ello el acuerdo tiene que firmarse cuanto antes», explica José Luis Vicente, director de AIST (Adopción Internacional Solidaridad en la Tierra), una de las 45 entidades colaboradoras de adopción internacional que hay acreditadas en España, asociaciones sin ánimo de lucro que asesoran a las parejas durante este proceso.
Los puntos del convenio ya están definidos. El aspecto más peliagudo en la negociación fue la retroactividad que en un principio exigía Moscú en los controles psicológicos a los que los niños son sometidos hasta que cumplen los 18 años, momento en el que pierden la nacionalidad rusa. A partir de ahora, serán sometidos a un seguimiento hasta su mayoría de edad. Pero en España han sido adoptados 12.300 niños rusos desde 1997, de los cuales 10.000 siguen siendo menores. A ninguno de ellos les afectará la nueva condición, salvo en casos muy excepcionales, aquellos en los que los chicos sean declarados en desamparo —por fallecimiento de los padres adoptivos o cuando la tutela les sea retirada y la Administración se haga cargo de ellos—. Es algo que solo ocurre en el 1% de los casos, pero el objetivo del presidente de Rusia, Vladímir Putin, es asegurarse de que, ni siquiera en esas ocasiones, los pequeños sean criados por homosexuales. Por ello, antes de ser reubicados en otra familia, las autoridades españolas deberán informar a Moscú.
Fuente: El País
