Actividad

Tras la Guerra Civil Española, la primera vez que el Estado consideraba a los huérfanos de la Revolución Nacional y de la Guerra fue en el Decreto de 23 de noviembre de 1940.
En la exposición de motivos se equiparaba a los nuevos beneficiarios con: «los Caídos, los Mutilados, los Ex Combatientes y cuantos en la forja ardiente de un nuevo orden nacionalsufrieron desventuras tan hondas como la orfandad y el desamparo…» Con este Decreto se asumía el auxilio de los menores de dieciocho años que hubiesen perdido a sus padres y que careciesen de medios propios de fortuna o de parientes obligados a prestarles alimentos de acuerdo con las prescripciones de las leyes civiles.
La ayuda, otorgada con cargo al Fondo de Prolección Benéfico Social y alcanzaba «… la amplitud precisa para facilitar al huérfano la profesión o medio de vida que corresponda a su personal aptitud en orden a fundar con el esfuerzo del trabajo una vida digna e independiente…».
Por supuesto, en su formación se verificaba la «adhesión a los ideales y principios profesados por el Estado…». La guarda y cuidado de aquellos desvalidos podía llevarse a cabo mediante su cuidado en el hogar familiar, confiándolos a personas de reconocida moralidad, atribuyendo esta función a Auxilio Social o algún otro establecimiento benéfico.
El tiempo podía extenderse por razones de enfermedad y para terminar la carrera o el aprendizaje de la profesión que hubiese elegido.
Para la coordinación de toda esta labor se creó la Obra Nacional de Protección a los Huérfanos de la Revolución y de la Guerra, bajo la autoridad del Ministerio de la Gobernación y encuadrada en la Dirección General de Beneficencia y Obras Sociales.
De aquel organismo dependían, en la esfera provincial, las juntas Provinciales de Beneficencia y, en el orden local, las delegaciones establecidas por Auxilio Social.