Artículo de Aurora Muñoz publicado en Zoomnews.es
En 2007,saltó a los medios la noticia de que Diego L. B., conocido como El Niño de El Royo, había vuelto a un centro de menores por cuarta vez con sólo ocho años. Protección de Menores consideró que ni la madre, Margarita Bernal, ni el padre, Diego L., estaban capacitados para criar al recién nacido debido a las enfermedades mentales que padecen ambos y la falta de apoyo familiar. El menor fue entregado a una familia de la localidad soriana de El Royo en acogimiento preadoptivo cuando sólo contaba con cinco meses. Residió con ellos 17 meses hasta que, en Octubre del 2000, que tuvieron que devolverlo a la Junta, por orden judicial. Un juez salmantino dio la razón a la madre biológica y estableció que el niño residiera en Salamanca para que mantuviera contacto con ella.
Aquel primer episodio desembocó en una historia rocambolesca. Diego vivió unos meses con una tía materna, que desistió en su empeño por las amenazas de Bernal y, desde entonces, la justicia ha tenido que devolverlo varias veces a centros de menores por encontrarse desatendido. Su caso puso en evidencia las guerras judiciales en materia de adopción y el Ministerio de Sanidad, Asuntos Sociales e Igualdad se ha puesto manos a la obra para enmendar la situación.
Antonio Ferrandis, jefe del Área de Acogimiento Familiar y Adopciones del Instituto Madrileño de la Familia y el Menor, ha adelantado a ZoomNews que los asesores para la reforma de la Ley del Menor han puesto sobre la mesa la posibilidad de que existan supuestos legales en los que se mantenga algún tipo de relación del adoptado con su familia de origen. Es lo que se denomina adopción abierta o adopción con contacto.
Un sistema que reconcilia al niño con su origen
Esta opción ya existe en Estados Unidos, Reino Unido, Nueva Zelanda, Australia y en algunas provincias canadienses pero, en nuestro sistema actual, la adopción es confidencial. Ni la familia de origen del niño tiene ningún dato de identificación de la familia adoptiva, ni ésta lo tiene de aquella. El menor debe esperar a hasta ser mayor de edad para poder conocer sus orígenes. «Este sistema hace aguas», opina Brenda Padilla, madre adoptiva. «La mayoría de las personas adoptadas tienen una necesidad emocional de conocer su otra vida. El hecho de que tengan una relación con sus progenitores y otros miembros de su familia biológica puede ayudarles a desarrollar una identidad más sólida y menos confusa», añade.
Sin embargo, Padilla reconoce que la convivencia entre los dos núcleos de parentela puede ser complicada. «Lo normal es que las familias biológicas y las adoptivas procedan de clases sociales muy distintas, con valores muy diferentes. Esto hace difícil compartir un niño», advierte. Y lo hace en base a su propia experiencia. «La hermana de mi mejor amiga tiene ocho hijos adoptados. Uno de ellos tuvo un régimen de adopción abierta, pero optaron disolverlo a causa de las diferencias entre las dos familias. Eso es muy triste y puede tener un efecto negativo sobre el niño a largo plazo», valora.
Jesús Palacios, catedrático de Psicología Evolutiva de la Universidad de Sevilla y experto en adopciones, aclara que la adopción abierta no es aplicable a todos los supuestos y que exige un seguimiento estricto, con la tutela de un juez de menores que supervise los encuentros. «El criterio fundamental para tomar la decisión es el bienestar del niño. Si se entiende que va a ser mejor atendido por una fórmula con contacto, la adopción abierta es una buena posibilidad. Por el contrario, si estas visitas pueden convertirse en fuente de conflictos, lo mejor es evitarla. Este régimen de visitas exige voluntariedad, armonía y disposición a colaborar», plantea. Lila Parrondo, psicóloga y directora del Centro Adoptantis, comparte su punto de vista. «Estados Unidos se ha erigido en paradigma y ha demostrado que no tienen por qué salir mal. La cuestión en sumar vínculos para los pequeños», manifiesta con optimismo.
La mezcla no siempre funciona
Parrondo apunta que, de aprobarse, este sistema sólo sería aplicable a las adopciones nacionales, que son las que las autoridades españolas pueden controlar. «Permitir las visitas de los padres biológicos en las internacionales implicaría una serie de convenios con otros países que aún ni se plantean. Aún así, sería un gran paso adelante. Hay que tener en cuenta que, hasta la fecha, no había sido tomada en cuenta ninguna de las recomendaciones dictadas por la Comisión Especial de Estudio de la Problemática de la Adopción Nacional en 2009», recuerda.
La directora de Adoptantis considera que la reforma de la ley debería conceder un mayor protagonismo a los hogares preadoptivos. «Esta familia va ser la que crie al niño y tomé las grandes decisiones sobre su vida. La biológica quedará como un referente de visitas periódicas y mediadas, al menos, mientras que el niño necesite que un adulto supervise si esa situación es saludable», señala.
«El éxito de esta iniciativa depende, en gran medida, de que la familia adoptiva sea capaz de sacudirse el fantasma del pasado del pequeño. Para ellos, los padres biológicos siempre están presentes, aunque no los conozcan. Se preguntan qué pasó y por qué cedieron a su niño. A veces ni siquiera son capaces de hablar con el menor sobre su existencia, por lo que ponerles cara y nombre puede costarles mucho», explica. «A su vez, quienes lo concibieron tienen que aceptar que ahora tiene otra familia que ha tomado la batuta», agrega. En su opinión, la única manera que el rompecabezas encaje es que ambos núcleos familiares reciban un asesoramiento psicológico que les ayude a encontrar sus propios recursos para afrontarlo.
Blanca Gómez, investigadora del Instituto Universitario de la Familia de la Universidad Pontificia de Comillas, apuesta por aplicar este régimen en casos muy determinados. «Podría ser una opción para aquellos niños que no pueden ser cuidados por sus padres, definitivamente o por un tiempo determinado; pero para los que no se maneja como opción la adopción plena», asegura en declaraciones a La Razón. La investigadora tiene en mente que la mayoría de los menores que se adoptan en España superan los seis años y, a menudo, tienen problemas para aceptar una ruptura total con su familia anterior cuando son adoptados.
Fuente: Zoomnews
