Por Felix A. Gaibisso
La asesora general tutelar del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, doctora Laura Musa, ha propuesto en la edición del 5 de junio de PERFIL la modificación de la ley de adopción para incluir los siguientes postulados:
1) La adopción debe ser considerada como “una figura de último recurso y no como una política social de compensación”.
2) Debe garantizar al niño la convivencia con su familia de origen.
3) Deben establecerse “políticas públicas que mantengan los vínculos familiares”.
4) En caso de consentimiento de la familia de origen, debe “contemplarse que la voluntad de la familia sea real y que no se encuentre viciada por carencias materiales”.
5) “Debe tratarse de un consentimiento informado sobre lo que implica la adopción y las posibilidades para la crianza del niño y no ser una respuesta apresurada a la situación de pobreza”, y
6) Critica la adopción plena, que elimina vínculos biológicos y establece la plenitud del carácter filial entre el adoptado y el adoptante y la familia de este último, limitando su aplicación a los supuestos de filiación desconocida”, ya que “se debe sumar afectos, no reemplazarlos…”.
Estos enunciados podrían ser correctísimos, salvo que chocan con la realidad.
Los niños a adoptar o no tienen padres o éstos son adictos al alcohol o al paco o son casos psiquiátricos. La mayoría de los niños que padecen estado de abandono han sido víctimas de violencia física, moral, sexual o laboral. La rehabilitación de los padres enfermos de adicción dura meses, y su resultado es aleatorio. ¿Cuándo estarán en condiciones de asumir sus deberes?; el niño, mientras tanto, ¿espera?
El bebé abandonado o con padres adictos es institucionalizado. Recorriendo la numerosa literatura sobre el tema, la misma no hace sino confirmar el sentido común conteste en que la presencia de los padres, sean biológicos o adoptivos, es un elemento fundamental para la salud física y mental de los niños. Así, mientras mayor sea el tiempo de exposición del niño al abandono y a la institucionalización, peores serán los daños psicológicos. Entre ellos, pueden citarse las pérdidas del vínculo afectivo, de la identidad y de la autoestima, a lo que se agrega la falta de referentes sociales que permitan al niño sentirse integrante de un grupo; eso implica desarraigo y marginación. Además, los niños institucionalizados tienden a presentar problemas de conducta, incluso cuando las condiciones de la institución son buenas. Eso se relaciona con el concepto de apego, que es la relación de amorosa dependencia que desarrolla el bebé al principio en forma indeterminada y cada vez con mayor fijación en la madre.
Contrastando los conceptos vertidos por la doctora Musa, surge con claridad que la posición centrada en el interés superior del niño tiene mayor poder de convicción que una óptica enfocada en nexos meramente genéticos.
Confundir el linaje humano con un entramado biológico, sólo susceptible de registro a la manera del libro de pariciones de una cabaña ganadera, deja de lado lo mejor de la condición humana: la capacidad de amor, que supera, por ser espiritual, lo meramente genético.
Un niño institucionalizado tiene que subordinar sus necesidades a los horarios, licencias, turnos, estatutos, convenciones colectivas, día femenino, legislación y conflictos laborales de sus cuidadores.
Un niño que tiene una madre natural o adoptiva accede a su servicio de turnos de 24 horas y con calendario laboral de 365 días.
Pienso que no se justifica que, en nombre de abstracciones como las enunciadas por la doctora Musa, se tenga como víctimas a niños mientras operan o no “políticas públicas” y que el precio sea que en vez de criarse en el seno de una familia lo hagan en un “hogar convivencial” en el mejor de los casos y en la calle, la mayoría de las veces.
*Abogado. Ex director general adjunto del Consejo de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes del Gobierno de la CABA.
Publicado en Perfil.com
