Como ya anunció la presidenta regional, Esperanza Aguirre, la semana pasada durante su discurso en el debate sobre el estado de la región, la Comunidad contará con una nueva ley de acogimiento y adopción con el objetivo de «simplificar trámites burocráticos» para que «no se conviertan nunca en barrera para acoger a un niño».
Esta simplificación se traduce en, por ejemplo, la reducción de plazos para la expedición del certificado de idoneidad de las familias adoptantes hasta un máximo de tres meses —hasta ahora no existía un límite temporal máximo para la obtención del certificado y éste solo tenía validez por seis meses—; el establecimiento de un único procedimiento administrativo para la adopción y el acogimiento —lo que permitirá que se premie de manera positiva la experiencia previa como familia acogedora—; o la limitación a tres meses la propuesta que la Administración ha de presentar ante el juez para que un acogimiento se convierta en adopción.
El acogimiento consiste en que una familia tenga en su casa, de manera temporal, a un menor desprotegido y cuya tutela ha sido transferida a la Comunidad hasta que se den las circunstancias necesarias para que pueda volver con su familia o se determine otra medida de protección más apropiada. Mediante la adopción, nacional o internacional, se proporciona a los niños una familia de forma definitiva.
«Queremos que un trámite burocrático no se convierta en una barrera para aquellos menores que necesitan una familia», afirmó la presidenta en el centro de primera acogida Isabel Clara Eugenia en el que estuvo acompañada por el consejero de Asuntos Sociales, Salvador Victoria, en la que ha sido su última visita oficial como presidenta de la Comunidad, pues Aguirre presentaba su dimisión dos horas más tarde.
En la región, según datos de Asuntos Sociales, hay 4.600 niños tutelados por la Administración. El 62 por ciento de los cuales viven con familias de acogida. El resto, en residencias.
Fuente: Madridiario
