Un proyecto de ley para agilizar los procesos de adopción ha despertado nuevamente la controversia entre quienes consideran que es una medida de vanguardia y otros que aseguran que el Departamento de la Familia está encaminado a crear un “un paraíso de adopciones” rápidos en detrimento del mejor interés de los niños.
La medida, que fue radicada y aprobada en la Legislatura en mes y medio sin que se hayan realizado vistas públicas, establece la creación de salas especializadas dentro de la estructura del Departamento de la Familia con jueces administrativos que estarán encargados de dilucidar casos de custodia, relaciones filiales, patria potestad y adopción.
Uno de los objetivos de la legislación es “facilitar, en la forma más liberal y amplia posible”, los procedimientos de adopción, para lo cual crea un procedimiento “simple, sencillo y expedito”, que ordena que el proceso legal para una adopción se tendría que hacer en no más de 75 días.
El interés detrás de la creación de las salas especializadas es agilizar procesos relacionados con el bienestar y la seguridad de menores de edad, no quitar responsabilidades a los tribunales de justicia, aseguró ayer el director de la División Legal de la Administración de Familias y Niños (ADFAN), José Javier Vargas.
Para la madre adoptiva Iana Oliveras, la medida es positiva y necesaria ya que es harto conocido que los procesos de adopción en la Isla eran demasiado complejos y tomaban mucho tiempo.
“Entiendo que sería una buena idea. Obviamente habrán cosas que saldrán más rápido, como la privación de patria potestad y custodia que es la parte más engorrosa de los procesos de adopción. Si hay salas especializadas en drogas, en divorcios, ¿porqué no pueden haber salas especializadas en adopciones y custodia?”, señaló Oliveras.
Vargas explicó que todos los casos que se lleven ante las salas especializadas pueden ser apelados ante un Tribunal de Primera Instancia, por lo que rechazó que se está sacando a la Rama Judicial de los procesos.
“Estas salas aliviarán la carga en los tribunales. El proceso administrativo tiende a ser más flexible y, al haber menos casos, se podrían solucionar los casos de manera más acelerada”, señaló Vargas, quien comparó la salas especializadas que se pretenden crear con las salas administrativas de la Administración para el Sustento de Menores (Asume) para asuntos de pensiones.
El proyecto está en espera de la firma del gobernador Luis Fortuño para convertirse en ley.
No obstante, un grupo de abogados tronó ayer contra la medida al asegurar que atenta contra los derechos de los niños y los padres al relegar los esfuerzos para reunificar a las familias.
El presidente de la Comisión para el Estudio de los Derechos de los Niños del Colegio de Abogados, Reynaldo Alegría, aseguró que la medida elimina la intervención de la Rama Judicial en el proceso de adopciones y establece un mecanismo “exprés” a cargo del Departamento de la Familia.
Alegría argumentó que la mayoría de los niños y niñas que el Gobierno tiene en hogares sustitutos y que suelen ser llevados a procesos de adopción son producto de familias pobres, con padres y madres de bajo nivel académico y con problemas de adicción a sustancias controladas u alcohol, entre otras complejas situaciones de una de las poblaciones “más discriminadas”.
“Los niños no son cosas, son personas con derechos y lo que hagamos con ellos hoy, dictará el país que tendremos mañana”, sentenció Alegría.
En una conferencia de prensa conjunta con Alegría, el presidente saliente del Colegio de Abogados, Osvaldo Toledo, indicó que han cursado una carta a Fortuño para solicitarle que no firme esa ley porque la misma “constituye una afrenta a los derechos de los niños y sus padres, toda vez que los priva de un tramite procesal justo garantizado constitucionalmente”.
Toledo destacó que en la carta a Fortuño mencionan que de firmarse la medida se anteponen los intereses del Departamento de la Familia a los derechos e intereses de los menores y sus progenitores “creando una oferta de niños para adopción aquí y fuera de Puerto Rico”.
Fortuño tiene un plazo de 30 días para firmar el estatuto y convertirlo en ley, pero también tendría la opción de vetarlo o referirlo nuevamente a la Legislatura.
Fuente: El Nuevo Día
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