La Conselleria de Bienestar Social se ve obligada a dictar cada mes 150 resoluciones para informar a padres, de los que se desconoce su paradero, sobre cuestiones que afectan directamente a sus hijos, que forman parte del sistema de protección de menores de la Generalitat tras la pérdida de la tutela, ya se dicte de oficio o por resolución judicial. La única vía para hacerlo, o al menos intentarlo, es recurrir a una fría notificación a través del Diari Oficial de la Comunitat (Docv), una opción a la que se recurre cuando cualquier intento de comunicación ha fracasado.
No se trata de resoluciones prescindibles. Al contrario, en la mayoría de los casos informan sobre procedimientos de gran importancia, como la pérdida de la tutela, o en el más extremo, sobre la desvinculación definitiva del menor respecto a sus padres biológicos a través de un proceso de adopción.
El problema llega cuando se ha producido un cambio en los datos de contacto que figuran en el expediente, especialmente del domicilio, y no se ha dado cuenta al departamento, que no tiene más remedio que recurrir a la publicación oficial para dar validez al acto administrativo. Aunque también influirán descuidos o falta de información sobre las obligaciones de los padres, la cifra desvela una durísima realidad: hay progenitores que se desentienden del futuro de sus hijos.
Según explican fuentes de la conselleria, los servicios territoriales expiden al mes una media de un millar de notificaciones y requerimientos en materia de menores, de los que alrededor de un 10% deben publicarse en el Docv al existir sospechas de que la persona interesada no las ha recibido por la vía ordinaria. Son actos de todo tipo: resoluciones que dictan el desamparo del menor, por lo que la tutela pasa a manos de la Generalitat, determinación de la guarda (familia extensa, de acogida o en centro específico), edictos sobre la prórroga, aceptación o denegación del régimen de visitas, traslados relacionados con centros de día o módulos de formación, información sobre acuerdos para realizar pruebas médicas que incluyan sedación e incluso resoluciones que marcan un acogimiento familiar preadoptivo, o lo que es lo mismo, un paso que derivará en la pérdida de la vinculación jurídica con la familia biológica. Un vistazo a las resoluciones publicadas en el Docv en lo que va de año permite detectar varios de estos casos.
Acceso a la información
También se comunican noticias positivas, como el cese de la situaciones de desamparo por haber podido reunir al menor con otros familiares, algo que suele suceder con reagrupamientos de inmigrantes en sus países de origen, o de tipo neutro, como dar cuenta de que el menor ha cumplido 18 años y deja de formar parte del sistema. La información que se publica en el boletín oficial es de carácter general -no entra en detalles- y da un plazo de diez días a contar desde la publicación del anuncio para que el interesado acuda al servicio territorial para tener acceso a toda la información.
Los motivos que derivan en la pérdida de la tutela pueden ser muy variados: situaciones de abandono, de maltrato del menor, problemas de adicciones que incapacitan a los progenitores para su custodia e incluso peticiones expresas de los padres, conscientes de que no tienen posibilidad de hacerse cargo de los mismos por circunstancias graves.
La mayoría de los menores tutelados por la Generalitat están en régimen de acogida familiar, ya sea con parientes o núcleos educadores, que son aquellos que acumulan una importante experiencia en la guarda de niños desamparados y se encargan de su custodia de manera temporal. Otra opción, pero esta muy minoritaria respecto a la anterior, es recurrir a centros residenciales específicos.
Fuente: http://www.lasprovincias.es
