A las instituciones le crecen los hijos de otros. La Consejería para la Igualdad y el Bienestar Social de la Junta se ocupa del cuidado de los menores en situación de desamparo, mientras que la Fundación Malagueña de Tutelas gestiona los bienes de los adultos incapacitados.
La provincia de Málaga sumaba a finales de 2011 cerca de 1.500 personas tuteladas por la administración. De estas, 951 son menores en acogimiento o centros de protección, mientras que el resto, son personas mayores incapacitadas o discapacitados psíquicos, por las que vela la Fundación Malagueña de Tutelas.
La Delegación para la Igualdad y el Bienestar Social de Málaga, que depende de la Junta de Andalucía, es la parte competente en lo que concierne a menores. Ellos declaran la desprotección, decretan el desamparo y asumen la tutela de los niños que están en riesgo social. Si se da el caso, los padres pierden la patria potestad.
La comisión provincial de medidas de protección decide si el menor va a ir a una familia de acogida o a un centro de protección. En ambos casos estos son los guardadores del menor, al que deben custodiar, vestir y alimentar.
Marta y Antonio (nombres ficticios) han dado un giro a sus vidas desde que hace unos meses dos generosas familias los acogieron para darles un presente mejor. Quisieran darles un futuro, pero no pasará mucho hasta que su destino sea otro, o bien reunirse con sus familias biológicas, ir a un centro o, probablemente, ser adoptados. La pequeña, de solo seis meses, llegó a casa de Juan y Sandra hace un tiempo tras una decisión de desamparo. «Es una niña feliz, contenta», cuenta ella, que relata que conoció el trabajo de Infania –una asociación para la integración familiar de niños– a través de unos conocidos. Y asegura que la decisión de formar parte del proyecto les ha cambiado la vida.
Tardaron diez meses en lograr la idoneidad, y siguen con los pies en la tierra gracias a su hijo biológico, de cinco años, que quiere a Marta como su hermana, gracias a la que ha madurado.
Admiten que el día que la niña se vaya, llorarán. «Sabíamos que veníamos a esto, ella se irá y nosotros acogeremos a otro», dice Sandra. «Una espina saca a otra», apunta Juan mientras juega con la pequeña. La pareja reconoce que pese a los cambios y al traqueteo de volver a tener un bebé en casa, la experiencia les compensa.
Igual opinan Maite y Miguel Ángel, que llegaron a Hogar Abierto –otra organización de acogimiento– con la idea de encauzar una vida. Así les llegó Antonio, un niño de cinco años que se siente uno más en la familia, ahora de cinco miembros. Los acogimientos pueden ser extensos, cuando algún familiar biológico del niño se hace cargo de él, o ajenos. Si la familia no es susceptible de hacerse cargo, se busca a otra con idoneidad, a cargo de las organizaciones Hogar Abierto o Infania. Estas tienen la obligación de trabajar porque los niños vuelvan con sus padres biológicos. Si finalmente no se da la reunificación, se da el paso a la adopción.
Desde Menores explican que en Málaga ningún niño con menos de siete años entra en un centro de menores, a no ser que vengan con hermanos de más de siete años. En Málaga hay 35 centros, que acogen a 343. Cerca del 40% son de procedencia extranjera o MENA (menor extranjero no acompañado) «vienen en pateras o en bajos de camiones», dicen. Estos pueden dividirse en acogida inmediata, cuando se les evalúa y no deben permanecer más de seis meses, y en los residenciales básicos, donde permanecen hasta que se produzca la reunificación familiar o cumplan la mayoría de edad. A estos lugares acuden los padres biológicos semanalmente para ver a sus hijos. Las visitas suelen hacerse bajo supervisión y en éstas los trabajadores sociales y psicólogos evalúan los avances o retrocesos familiares. «El fin último de nuestra labor es que los menores se vayan con sus padres ya rehabilitados», explica Mari Paz Estévez, directora del Centro de Acogida Inmediata (CAI) Grazalema. Este tiene capacidad para 16 niños, aunque ahora mismo queda una plaza libre. De estos, cuatro son MENA, y las edades de los niños –de los cuáles varios son grupos de hermanos– oscilan entre los 4 y los 17 años.
Estos pequeños han recaído en la centro de protección a causa de una situación de emergencia. Han podido sufrir malos tratos, ser derivados por Asuntos Sociales o haber llegado al país de forma ilegal. «A veces los niños se desvinculan de sus familias, se ven las víctimas y encima tienen que salir de su entorno, de su contexto. Otras veces lo manifiestan como un duelo, vienen sin querer venir», asegura. En el caso de los menores extranjeros, «saben a lo que vienen». Pero no solo son malos tratos las causas por las que los niños acaban en centros de protección. Los principales motivos de negligencia son las drogas, abusos o la propia incapacidad de los progenitores. Y es que la directora del centro, que depende de la ONG Prodiversa, cuenta que se han dado casos de niños que nunca se habían lavado los dientes, no habían salido de sus barrios o no entendían el significado de ponerse un pijama para ir a la cama.
Que un menor ingrese en un centro no es fácil ni para él, ni para su familia. «Por eso hay que trabajar con ellos, que comprendan la situación, aunque a veces cuesta mucho». Además, estos niños se abren a un mundo desconocido para ellos. Van al cine, al teatro, hacen deporte, les ayudan a estudiar. Por eso, en Grazalema trabajan codo con codo, las 24 horas del día, los 365 días del año para que se sientan igual al resto. Cuando son más mayores y se han ganado la confianza de los trabajadores del centro, pueden incluso salir a pasear con sus amigos. Si todo va bien, tienen una paga semanal para sus caprichos, que puede ser de un máximo de seis euros.
Pero no todo el monte es orégano en este CAI. Ha habido fugas, algo inevitable si se tiene en cuenta que el edificio es una casa y, como tal, no tiene rejas ni muros imposibles de trepar. «No podemos privarles de libertad, si se fugan lo hacen en la primera fase, pero siempre los encuentra la policía o vuelven por sí mismos porque no tienen a dónde ir», explica.
Casi todos ellos acuden a clase en centros escolares de la zona. Los que no lo hacen suelen ser menores a punto de alcanzar la mayoría de edad y los MENA, que no conocen nuestro idioma. Todos tienen tareas y se ayudan unos a otros. «Los mayores se ocupan de los pequeños, que les ayudan a ser más responsables».
Mari Paz Estévez admite que con la crisis económica han aumentados las guardas. Estas se dan cuando la la familia no se puede hacer cargo del menor. Asegura que en los casos de desamparo, el perfil de los padres es variado: desde las clases más bajas a las más altas.
Fuente: La Opinión de Málaga
