Junto con otros ocho niños, Andrés fue rescatado en 2008 de una casa cuna clandestina en la que participaba Rosalinda Rivera, hermana del diputado patriota Gudy Rivera. Cuando el pequeño fue hallado tenía dos años; hoy tiene siete y aunque la Procuraduría General de la Nación (PGN) ya estableció que no existe familia en Guatemala que lo cuide, aún no existe fecha para que sus padres adoptivos en Estados Unidos puedan llevárselo.
Andrés también está “en trámite” debido a que se sospecha que fue un niño robado. Cuando su proceso de adopción inició, el Estado permitía a un notario certificar el expediente. Esto fue un negocio que dejaba US$30 mil por niño y colocó a Guatemala en el cuarto lugar con más adopciones a nivel internacional, según datos de Unicef.
Cuando la Ley de Adopciones entró en vigencia en 2007 declaró los casos pendientes como “transitorios” y que serían resueltos de la misma forma en que iniciaron: por la vía notarial. Otros 3 mil 32 casos entraron en esta situación. La mayoría concluyó, pero 108 padres adoptivos de Estados Unidos todavía esperan respuesta.
Mezcla de expedientes
Erick Cárdenas es el procurador de la Niñez y Adolescencia de la PGN. En un salón con una pared llena de logotipos del Gobierno de Guatemala explica el porqué de los retrasos en las adopciones.
Cuando un niño es encontrado abandonado en la calle, la PGN es la encargada de llevarlo a un hospital para que lo examinen y presentarlo a un juez que le asigne un hogar. La Procuraduría empieza la búsqueda de familiares que podrían hacerse cargo del menor, publica edictos en medios impresos y anuncios televisivos. Cárdenas acepta que en esta primera fase los investigadores suelen retrasarse por exceso de trabajo.
Hasta el año pasado los expedientes de los 108 niños de transición debían esperar junto con de los casos que recibe a diario la PGN. En 2012 recibieron 5 mil 65 denuncias de violación de derechos de menores, que verifican los 12 investigadores asignados a los seis juzgados de la niñez del área metropolitana. Estas mismas personas, auxiliadas por los trabajadores sociales, también deben examinar los procesos de adopción.
Para los casos de transición, desde diciembre de 2012 se asignaron 19 investigadores exclusivamente. Cárdenas estima que esto ha agilizado las adopciones. En dos meses de funcionamiento han logrado declarar adoptables a 20 de estos niños.
En cuanto a los procesos iniciados después de que entró en vigencia la nueva ley, suponen ser más seguros aunque mucho más extensos.
Adopciones con la nueva ley
En marzo de 2010, Bomberos Voluntarios encontraron a Karen, con pocas horas de nacida, abandonada en una calle de zona 1 capitalina, según el reporte. Casi tres años después la PGN no ha logrado declararla adoptable. Los investigadores pidieron ocho prórrogas porque no habían terminado su trabajo, hasta que el juez que conocía el caso los cuestionó por la demora.
Los procedimientos en la Ley de Adopciones obligan a la PGN a buscar familiares. Si el familiar no cumple con los requisitos deben buscar a otro, y así hasta que agoten todas las posibilidades. Cárdenas cuenta que estas investigaciones pueden tomar meses cada una, en especial cuando las personas viven en áreas rurales retiradas.
En el proceso de Karen no encontraron ningún pariente, por lo que ya podría ser considerada adoptable. No obstante, el Consejo Nacional de Adopciones (CNA), interpuso un amparo en enero pues consideró que el proceso no fue el aduecuado. De acuerdo con la ley que rige el tema, el CNA no participa en la evaluación y su función se limita a buscar padres para el menor que ya fue investigado.
Cuando se le pregunta a Rudy Zepeda, vocero del CNA, si desconfían del trabajo que hace la PGN, este niega que así sea. Conforme avanza la entrevista confirma que han debido intervenir en algunos procesos, en especial en los que dictaron sentencia los profesionales señalados en el informe Jueces de la impunidad, de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala.
Zepeda afirma que el retraso en casos como el de Karen está fuera de sus manos, evita culpar a la PGN de forma directa y se limita a afirmar que eso no le corresponde al CNA.
Para Leonel Dubón, una de las personas que impulsó la Ley de Adopciones, los retrasos han sido problemas burocráticos y no de la normativa. “Las instituciones que impulsamos la Ley cometimos el error de confiar en que las entidades de Gobierno harían bien su trabajo”, dice.
Andrés conoció a sus padres adoptivos en 2010, convivió con ellos durante 20 días en dos ocasiones distintas; el resto ha sido una relación por cámaras web y micrófono. El menor pregunta por ellos todos los días, no sabe cuándo los verá, todo depende de una resolución del CNA que espera desde hace cinco años.
Fuente: elperiodico.com.gt
