La presidenta y la directora nacional de la Associació d’ Adopció d’ Infants al Congo de Sabadell, Anna María Sole Prad y Maria Cintia Andreu Ferre, han empezado hoy a ser juzgadas en la Audiencia de Barcelona acusadas de presuntamente haber estafado a 10 familias que desembolsaron de 9.700 a 10.700 euros por los trámites para adoptar en el país africano, pero que, al final, no lo pudieron conseguirlo porque se comprobó que los menores no se encontraban en situación de desamparo. Las dos imputadas, que se enfrentan a una petición de cuatro años de prisión, han declarado que desconocen por qué no se pudieron llevar a cabo las adopciones.
La Fiscalía de Barcelona relata en el escrito de acusación que las dos imputadas obtuvieron el 21 de febrero del 2006 del Institut Català d’ Acolliment i Adopció de la Generalitat, mediante el sistema de acreditación directa por razones excepcionales, autorización para tramitar adopciones internacionales en la República Democrática del Congo y en la República del Congo, a través de la Associació d’ Adopció d’ Infants al Congo (ADIC), con sede en la calle Setmenat de Sabadell.
Según la acusación, después de haber realizado con éxito la mediación para la adopción de algún menor, las directivas de la entidad sin ánimo de lucro encausadas se comprometieron con una serie de familias a tramitar sus peticiones, “pese a ser conscientes de la imposibilidad de llevarlas a cabo y utilizando en los procesos de adopción documentación relativa a menores manifestamente inveraz o alternada en forma y contenido por personas cuya identidad no se ha acreditado”.
La acusación pública detalla el caso de 10 familias que entregaron de 9.700 a 10.700 euros para poder adoptar a un menor congoleño y que no lo consiguieron porque supuestamente fueron engañadas. En algunas ocasiones, el niño o niña no estaban en situación de desamparo y en otras tenía padres biológicos, incide la fiscalía. Tras el fracaso de la mediación, el dinero que desembolsaron las familias no les fue devuelto por la asociación dirigida por las imputadas. La Generalitat si les retornó una parte importante de los fondos.
Casa cuna
La delegada nacional de ADIC, Maria Cinta Andreu, ha declarado durante la primera sesión del juicio, que se prolongará hasta el jueves, que los niños si que estaban en situación de abandono y que prueba de ello es que vivían en una casa cuna que la asociación había montado en la República Democrática del Congo y en la República del Congo.
“Nadie los reclamó”, ha indicado. Además, ha explicado que la entidad que dirigía (dejaron de tener permiso para tramitar adopciones en agosto del 2006, tras estallar el escándalo) tenía como colaboradora a dos asociaciones congoleñas, que eran quienes se encargaban de los trámites burocráticos en sendos países africanos. Sin embargo, ha reconocido que desconoce porque las 10 familias afectadas no pudieron finalmente adoptar. También desmintió haberse quedado con su dinero. “No sólo no me he quedado dinero, sino que puse del mío”, ha afirmado.
La otra acusada, Anna Maria Sole, ha asegurado que, como presidenta de la entidad, participaba en las juntas que decidían las líneas a seguir, pero que no trabajó ni cobró sueldo alguno de la asociación. Ha admitido que tampoco sabía por qué no se pudieron llevar a cabo las adopciones.
Las acusadas dicen que actuaron de acuerdo con la Generalitat de Cataluña
La presidenta de la Asociación de Adopción de Niños en el Congo (Adic), Anna Maria S., y su directora, María Cintia A., han defendido que las adopciones que planearon y cobraron con precios que rondaban los 10.000 euros estuvieron siempre bajo la supervisión de la Generalitat, e ignoran «absolutamente» por qué no se realizaron.
«Teníamos la garantía de la Generalitat y en todo momento pensábamos que finalizaríamos las adopciones» en la República del Congo y la República Democrática del Congo, ha declarado la directora en el juicio que ha empezado este lunes en la Audiencia de Barcelona.
Adic, con sede en Sabadell, se creó a principios del 2006 y al principio llevó a cabo adopciones con éxito, pero incumplió con el segundo grupo de padres que habían pedido adoptar: se detectaron irregularidades en los expedientes y la Generalitat desacreditó a Adic para seguir con los procesos.
Las acusadas han defendido que pensaban que las adopciones iban a acabar con éxito, ya que invirtieron parte de su patrimonio personal y tiempo –Anna Maria S. incluso cedió un local sin remuneración, pese a que los informes bancarios muestran un pago de 25.000 euros para el alquiler–, y no cobraron salario alguno.
La presidenta de la asociación ha llegado a decir que «nunca» trabajó en Adic, sino que sólo la presidía; que no estuvo en ninguna entrevista con los padres adoptivos, y que ignora por qué quedaron abiertos cinco o seis expedientes.
La letrada de la Generalitat ha declarado que Adic no dejó de preasignar adopciones cuando la administración pública ya la había desacreditado, por lo que cree se saltó el circuito legal.
La Generalitat tomó el control de las adopciones a finales del 2007 tras constatar irregularidades en los informes transmitidos por las administraciones del Congo –y que habían pasado antes por las manos de Adic–, como que los menores no estaban en situación de desamparo, tenían familias en su país y su nombre no correspondía con el real.
Por eso, pese a no poder finalizar los procesos de adopción, la Generalitat indemnizó con 10.000 euros aproximadamente a las familias que ya habían pagado, a las que explicó que el Gobierno congoleño se había negado a entregar a los niños: «El Congo dijo que de allí no salían».
Esta versión es contraria a la de María Cintia A., que ha dicho que fueron las autoridades y tribunales de los dos países los que facilitaron a la Generalitat y a Adic informes favorables a la adopción de los niños, ya que aportaron documentación en la que aseguraban que los menores «habían sido abandonados y no reclamados».
Fuentes: El Periódico de Catalunya / Europa Press
