Todos concuerdan en que el objetivo primordial de la adopción es asegurar el bienestar y el futuro de un niño privado de su familia biológica. Pero demoran y obstruyen esa meta natural las debilidades de un sistema lento y enredado, renuente a las reformas que urge introducir para hacerlo más ágil y justo. La controversia se ha intensificado en torno a las madres o familias sustitutas a raíz del caso de Mía. Pero es solo uno de los factores que afectan a una estructura pensada para favorecer al niño pero que en los hechos funciona a los tumbos por trabas y diferencias jurídicas, institucionales y hasta políticas.
Un proceso de adopción puede llevar hasta cinco años, con intervención de varios abogados, dos jueces y el Instituto del Niño y Adolesecente del Uruguay (INAU). Mientras se cumplen etapas que incluyen evaluar la aceptabilidad de quienes quieren adoptarlo como hijo, el niño es entregado en muchos casos a una de las 400 madres sustitutas, que reciben del INAU $ 4.400 mensuales por esa tarea de cuidado infantil. La medida es temporaria pero las complejidades del proceso determinan que los niños a veces permanezcan años en esa situación, a la espera de ser entregados en adopción. …
Publicado el 17/01/2012 en El Observador
