Diego Molano, director del ICBF, ha revisado su blackberry tres veces desde que entró a la sala. Todos los días de la semana el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) ha sido objeto de críticas en los medios y en redes sociales.
La entidad bordea el cielo del trendic topic (es una tendencia en Colombia, a raíz de la serie sobre adopción transmitida por el programa Séptimo Día, de caracol Televisión) y Molano, desde sus ojos que se mueven impacientes, vuelve y mira su celular.
En Twitter se dicen cosas tan fuertes como el «#ICBF les arrebata los hijos a las personas que son pobres! Q horror! ( sic )». Pero este hombre que lleva cinco meses en el cargo, y que no parece atortolarse con las opiniones, contesta: «La pobreza no es un criterio para decir que se tome en adopción un niño. La forma en cómo se tomaban esas decisiones ha venido cambiando».
Pero, ¿no es hora de reconocer que en el pasado el Icbf tomó decisiones erróneas? «Es que son ocho o nueve casos que nos presentaron problemas y que se están mirando hoy. Pero si usted ve las cosas de fondo se da cuenta que ahí hay unas justificaciones de por qué se tomaron esas decisiones. Pero no es que el Icbf esté dedicado a entregar los niños en adopción. El año pasado tuvimos 58 mil casos de procesos de restablecimiento de derechos. Entonces, el Icbf toma medidas, que van desde mandar al niño a un internado, o separarlo un rato, o darle tratamiento psicológico a la familia, o proferir una amonestación y un tratamiento conjunto hasta que mejore la situación. Siempre se busca reintegrar. De 58 mil casos de restablecimiento de derechos el año pasado, 4 mil fueron declarados en adopción. Y de estos solo 2.700 se entregaron a familias. El 55 por ciento salieron del país y el resto se quedaron aquí».
¿Le preocupa estar en boca de la opinión pública, de cuenta de este tema? «No, no, porque es que es un tema muy sensible. Y por supuesto esa es la misión de un funcionario público responder y hemos venido tomando medidas sobre ese programa».
Pero a su juicio, ¿cuáles fueron las equivocaciones del pasado? Y si las hubo, ¿fueron ideológicas? «No, yo creo que es necesario explicar el contexto. Estos son casos de hace 20 y 18 años. Antes se manejaba a la luz del Código del Menor. Ahora, a través de la Ley de Infancia y Adolescencia, se crean unos lineamientos más estrictos. Aquí hay una tensión que se refleja el instituto. Una tensión de poder garantizarle al niño que esté con su familia y que tenga la restitución de sus derechos. Pero muchas veces eso significa tenerlo en una institución. Para un niño estar seis meses en una institución no es lo más adecuado. El ideal es que esté con su familia. Pero por otro lado está la posibilidad de la adopción. Eso debe darse con todas las garantías como un último caso extremo. Y siempre se toma porque definitivamente el defensor encuentra que no hay garantía de protección a los derechos del niño. Por supuesto somos seres humanos. A lo mejor en algunos procesos se presentan problemas de diagnóstico. Pero no es la generalidad».
Pero, ¿no es preocupante que Colombia sea el país que entregue más niños en adopción en el hemisferio? ¿Qué lectura hace usted? «No, pero son varios países, no solo Colombia, los que están suscritos al convenio de La Haya, que es la que establece que se pueden adoptar medidas de adopción. Se han presentado 26.500 mil casos de adopción en los últimos años en Colombia. (Desde 2002 hasta hoy). El Icbf tiene 8.600 niños de difícil adoptabilidad. Es decir, que después de todos estos procesos se han quedado en el Icbf. Muchos son mayores de 7 años u 8 años, niños a veces con discapacidad, incluso afrocolombianos e indígenas. Y en Colombia las parejas que quieren adoptar tienen preferencias por otro tipo de niños, sobre todo más pequeños, de 2 y 3 años».
Hay otro tema que tiene al Icbf ante los reflectores. Y son los 736 mil niños y 220 mil ancianos que están a la espera del complemento alimentario. ¿Cómo le explica uno al ciudadano que luego de cinco meses, por un tema de tramitología, eso no se haya solucionado? «Nosotros recibimos un mandato de modernización del instituto. Esta entidad es de tradición y el país espera que lo pueda cumplir mejor, y con mayor calidad. Y eso implica que revisemos la entidad administrativamente. Este año el presupuesto es de 3,8 billones de pesos y ya están contratados 2 billones. Hemos hecho pagos casi por el 8 por ciento de ese presupuesto. Ya tenemos 1 millón 600 mil niños en hogares comunitarios, 3 millones 600 mil en alimentación escolar. Vamos avanzando. Hay dos programas que en particular consideramos que teníamos que revisar, para no improvisar. Pero además, se nos presentaron problemas administrativos. Uno que es el tema de leche y galletas (complemento nutricional). La idea es que llegara a los niños que son. Eso nos tomó un tiempo. Y un problema operativo en la negociación en la bolsa con los precios de la leche. Pero ese proceso se surtió. El problema se solucionó. Está normalizada la operación en los 10 mil puntos de entrega».
¿Y en el caso de los ancianos? ¿Eso es justificable? «Eso se presentó por varias razones. El año pasado ese programa fue objeto de observación de la Procuraduría y la Contraloría. Lo más fácil era adicionar los convenios. Pero si yo adiciono los convenios, en observancia me clavan porque hay unas denuncias con los operadores que han tenido problemas. Ahora, estamos en una transición. La mayoría de programas de adulto mayor pasarán a bonos. Es decir, no alimentos, sino bonos. Ya se aseguró que se cumpliera con todos los requerimientos de acuerdo a las recomendaciones de la Procuraduría y eso nos tomó un tiempo. La licitación ya se abrió y esperamos que se normalice en mayo. Aquí hay un esfuerzo muy grande»
Fuente: El Colombiano.com
